La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada por un extranjero venezolano que previamente había sido arrestado y puesto en libertad condicional en los EE. UU. bajo la administración anterior.La Ley Laken Riley explota la tragedia personal para alimentar la retórica antiinmigrante y socava las protecciones constitucionales sin mejorar la seguridad pública.
5 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA LEY LAKEN RILEY
1. El proyecto de ley obstaculizaría la capacidad del poder ejecutivo para hacer política de inmigración, sin importar si un demócrata o un republicano ocupa la Casa Blanca. El proyecto de ley garantiza a los estados la legitimación para demandar al gobierno federal por una amplísima gama de medidas relacionadas con la inmigración, que van desde la política de detención y visados hasta las decisiones de detención y puesta en libertad en casos individuales de inmigración. Las agencias federales, bajo control demócrata o republicano, se verían enfrentadas en todo momento a litigios interpuestos por estados gobernados por el partido político contrario. Las administraciones probablemente dejarían incluso de intentar promulgar nuevas políticas de inmigración al enfrentarse a litigios interminables sobre cada memorando y reglamento.
2. El proyecto de ley representa una receta para el caos en los tribunales federales, un desorden que la Constitución pretendía evitar. La doctrina de la «legitimación activa» es una doctrina constitucional (basada en el requisito del Artículo III de que exista un caso o controversia para que intervengan los tribunales federales) que garantiza que los tribunales no pierdan el tiempo en disputas en las que no existe ningún daño potencial que los tribunales puedan mejorar. No obstante, con la Ley Laken Riley se establece una legitimación general, independientemente de si un estado tiene o no algún interés en el caso o la política que se impugna. Sin la posibilidad de desestimar por falta de legitimación, los tribunales federales se verían inmediatamente inundados de demandas de inmigración.
3. El proyecto de ley es redundante; el gobierno federal ya tiene la autoridad para detener a todas las personas que se enfrentan a procedimientos de deportación. El proyecto de ley introduce una modificación en la disposición sobre «detención obligatoria» de la ley federal de inmigración para que se aplique a las personas indocumentadas acusadas, detenidas o condenadas por delitos relacionados con el robo. Ahora bien, el Departamento de Seguridad Nacional ya tiene autoridad legal para detener a cualquier persona indocumentada que se enfrente a un procedimiento de deportación, incluidos los acusados de un delito penal. Lo que hace el proyecto de ley es aplicar la «detención obligatoria», que exige la detención sin ninguna oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza. En la práctica, esto significa que el proyecto de ley obligaría al gobierno a detener a una madre indocumentada arrestada bajo la acusación de robar pañales en una tienda, sin ni siquiera concederle una audiencia de solicitud de fianza, durante todo el proceso de deportación.
4. La exigencia de una detención sin fianza basándose exclusivamente en una acusación o arresto plantea graves problemas de garantías procesales. La detención prolongada sin acceso a una audiencia individualizada de fianza o caución es una medida extrema en la legislación estadounidense. Prácticamente todas las personas que se enfrentan a cargos penales en el sistema de justicia penal tienen derecho a una audiencia individualizada de fianza, incluso por cargos tan graves como un asesinato. Este proyecto de ley es tan extremo que obliga la detención de inmigrantes únicamente en base a una detención o acusación, lo que aumenta el riesgo de detención prolongada para personas inocentes de los cargos presentados en su contra. Por otra parte, estas disposiciones agravan las disparidades raciales, ya que las personas negras y las comunidades de origen latinoamericano, asiático o indígena son arrestados en porcentajes desproporcionadamente elevados en todo Estados Unidos.
5. El proyecto de ley perturbaría significativamente la capacidad de los fiscales para proceder con los cargos penales. Bajo este proyecto, las autoridades migratorias estarían obligadas a poner bajo custodia migratoria a una persona después de un arresto relacionado con robo, incluso si un juez penal determinó que no representa un riesgo y la liberó bajo fianza. Esa persona quedaría detenida bajo custodia migratoria sin posibilidad de solicitar liberación, incluso para asistir a su audiencia penal por los cargos subyacentes. Los fiscales ya enfrentan grandes dificultades para transportar a personas desde custodia migratoria a los tribunales penales para procedimientos en curso; este proyecto agravaría enormemente este problema.
Última actualización: 10 de marzo de 2025.